La oposición denuncia irregularidades en la adjudicación de 138 VPO en Egüés

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Enviado por portalvpo el 17 Enero, 2012 - 18:37

Fecha: 
17/01/2012

NASIPA PARTICIPÓ EN EL PLIEGO DEL CONCURSO QUE DESPUÉS GANÓ

Los grupos critican que dos miembros de la empresa aumentaron en 410.000 euros el contrato tras la firma

ESTHER IMÍZCOZ - Martes, 17 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:10h

Los grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento del Valle de Egüés denunciarán ante los juzgados nuevas presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación a Nasipa en 2010 de una promoción de 138 viviendas protegidas en Erripagaña.

PAMPLONA.  Con los votos a favor de NaBai, Bildu, PSN, Izquierda-Ezkerra y PP y el rechazo de UPN, la comisión de Investigación del Consistorio aprobó incluir las nuevas dudas surgidas en torno a los procedimientos de adjudicación de esta promoción en la denuncia presentada en noviembre contra las posibles irregularidades en las sociedades públicas y las contrataciones realizadas por las mismas, como las adjudicaciones de las gradas de la Ciudad Deportiva de Sarriguren o la travesía de Olaz.

La actuación que ahora se pone en duda es la adjudicación a la empresa Nasipa, que participa con un 48,97% de capital en la sociedad mixta Egüés 21 II (derivada de la pública Andacelay), de una promoción de 138 viviendas en Erripagaña. Desde la oposición se cuestiona que esta empresa fuera "juez y parte" en la adjudicación, ya que como miembro de Egüés 21 II contribuyó a la redacción del pliego de condiciones para el concurso, al que también se presentaron Acciona Infraestructuras y FCC Construcción, y luego resultó ganadora del mismo, algo que la oposición ve "legal, pero no ético", al igual que el hecho de que la firma del contrato la efectuara, por parte de la sociedad pública, un consejero delegado vinculado también con Nasipa.

En este sentido, Alfonso Etxeberria, portavoz de NaBai, destaca que "lo más grave es que el contrato de obra lo firme un consejero delegado y no el alcalde". Por su parte, el primer edil, el regionalista Josetxo Andía, concluye que "un consejero delegado tiene firma".

Además, también plantea dudas entre los grupos que conforman la oposición municipal la circunstancia de que al mismo tiempo que se firmaba el contrato de adjudicación, se acordaba un aumento de 410.000 euros para el mismo que, de haberse incluido en el presupuesto planteado por Nasipa en su propuesta, podría haber supuesto que la adjudicación recayera en otra empresa, según reflexionan desde la oposición. Ese aumento se pretende justificar como un imprevisto, aunque según explica Etxeberria, "se refiere a la recogida neumática, que estaba prevista desde el inicio".

CAMBIO DE PRESIDENTE Estos aspectos, junto con el incremento de 100.000 euros del proyecto de obra después de haber sido adjudicado a Conrado y Capilla, justificado por un aumento de la edificabilidad del 19,6% que nunca se realizó, son las principales irregularidades señaladas por la comisión de Investigación, que también reclama al alcalde que deje la presidencia de la mentada comisión, ya que "no parece oportuno que la siga presidiendo ni él ni ninguno de los concejales que figuran como consejeros de las distintas sociedades".

Los motivos que alega la oposición para solicitar un cambio en la presidencia son, según el edil de Izquierda Ezkerra Álvaro Carasa, "que el propio alcalde ha manifestado que no tiene sentido que siga existiendo esta comisión, cuando se está viendo que sí; que ha llegado a no convocarla y ha tenido que ser la oposición la que se lo recuerde; y sobre todo que nos ha dificultado el acceso a los expedientes", una obligación que los juzgados de Aoiz han reconocido mediante un auto favorable.

Para Miren Aranoa, la portavoz de Bildu en el Consistorio, "UPN ha puesto el Ayuntamiento de Egüés al servicio de una constructora privada. Nasipa ha hecho lo que le daba la gana con el Ayuntamiento y UPN ha hecho dejación de sus funciones".

Ante el dictamen de la comisión, Andía ha solicitado "que las conjeturas se lleven antes a los servicios jurídicos de las sociedades públicas para que emitan un informe sobre la procedencia o improcedencia de estas cuestiones", una medida que no descartan desde la oposición, aunque mantienen su intención de tratar este tema por la vía judicial.