PAMPLONA, BEATRIZ EQUÍSOAIN IRAIZOZ - Domingo, 22 de Abril de 2012 - Actualizado a las 05:10h

SI todo transcurre como debiera y no se produce ninguna espantada más, la comisión de investigación de Egüés pondrá su punto y final este lunes tras ocho meses de intenso trabajo. Un tiempo en el que se han analizado un sinfín de expedientes urbanísticos -no todos los que a la oposición le hubiese gustado-, que han sacado a la luz una larga lista de presuntas irregularidades (hasta 52) y que han copado páginas y páginas en la prensa con el nombre de Egüés en todos sus titulares.

La controvertida adjudicación del Plan de Movilidad de 2008 por parte de la exconcejal de UPN Carolina Potau dio pie a que se constituyera esta comisión, cuya primera sesión tuvo lugar el 22 de agosto de 2011, y de la que se han celebrado 13 reuniones. Dimisiones, enfrentamientos, expulsiones del partido, abandonos del órgano, declaraciones cruzadas en la prensa, posibles mociones de censura... Ingredientes no han faltado a lo largo de esta comisión de investigación, necesaria y fructífera desde el punto de vista de la oposición (NaBai, PP, Bildu, PSN e Izquierda-Ezkerra), y un intento de "crear sombras y dudas" en opinión del alcalde, Josetxo Andía (UPN).

CONTRATACIONES DEL CONSISTORIO

Beneficio a un mismo grupo empresarial

La oposición lo tiene claro tras estos ocho meses de trabajo: en varias de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento del Valle de Egüés se ha buscado beneficiar a un mismo grupo empresarial, CIN, que estuvo vinculado en su día con el caso Galipienzo. En su informe de conclusiones, recuerda que la exconcejal Carolina Potau, como titular municipal de Hacienda, "ha sido responsable de adjudicaciones al grupo CIN", para el que trabajó, "disgregado ahora en otras empresas como Ámbito o Laranzor.

La documentación analizada en la comisión "evidencia", por ejemplo, que en la adjudicación del Plan de Movilidad de 2008 (que costó 75.639 euros), el pliego se redactó desde uno de los ordenadores de la firma Ámbito, que resultó ganadora. También esta empresa fue la única que coincidió en los concursos para la Travesía de Olaz y las gradas de la Ciudad Deportiva de Sarriguren, cuyas invitaciones se cursaron el mismo día, y donde ganó en ambas.

Por su parte, la empresa Laranzor "también aparece reiteradamente" en diferentes adjudicaciones, "la más opaca" según la oposición la contratación de la dirección de obra de la Ciudad Deportiva de Sarriguren, con cartas de la firma al alcalde de por medio "calculando el precio" por el que más tarde se hizo el pliego.

Para NaBai, PSN, Bildu, I-E y PP tampoco se escapan a la sospecha otras contrataciones realizadas desde el Consistorio de Egüés con firmas desvinculadas de CIN. Así, entienden que A.H. Asociados -redactora del controvertido Plan Municipal que contempla un macrodesarrollo de 21.435 viviendas en el valle- ha sido "una de las empresas beneficiadas" por una adjudicación en la que no se cumplió el pliego en la mesa de contratación. Además, tras firmarse el contrato, se le incrementa en 25.400 euros el precio inicial de 149.939, por un aumento de densidad que no aparecía en el condicionado y por un estudio de impacto de ruido que "estaba incluido" en el importe de licitación.

Finalmente, el texto concluye que la empresa Iniciativas Innovadoras es la beneficiaria de una serie de trabajos "cuya utilidad resulta más que dudosa desde la época del sr Galipienzo", como un Plan Estratégico por valor de 20.400 euros o un Plan de Modernización. "No existe constancia del resultado de alguno de estos trabajos", aseguran.

SOCIEDADES URBANÍSTICAS

El interés privado de Nasipa en "perjuicio" del público

Abrumador. Así es como se califica al "cúmulo de irregularidades" detectadas en torno a la actividad desarrollada por la sociedad pública Andacelay y por las sociedades mixtas Egüés 21 I y Egüés 21 II, en la promoción de viviendas protegidas en Sarriguren y Erripagaña.

La oposición recuerda que Comptos, en su informe fiscalizador de 2006, sostuvo que las adjudicaciones de obras a Nasipa -el socio privado en las empresas mixtas-, así como las parcelas que se le transfirieron "no respetaron los principios de libre concurrencia exigibles a una entidad pública".

Analizada la documentación durante estos ocho meses, la pila de supuestas irregularidades detectadas es muy larga. Demasiado.

En la primera promoción de 66 VPT en Sarriguren, consideran probado que no se realizó concurso para la obra. Es más, se adjudicó directamente a Nasipa. Asimismo, se preguntan la causa por la se construyeron 66 viviendas, cuando la cesión de la parcela era para 44, y ponen en duda también si el Ayuntamiento recibió contraprestación por esta ampliación.

Además, entre las irregularidades más graves, han constatado que hubo una mala praxis en la liquidación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Nasipa acabó pagando un tributo correspondiente a 3,8 millones de euros cuando el contrato de obra que se ha analizado en la comisión es de 6,6 millones. Es decir, el Ayuntamiento dejó de percibir 97.000 euros en concepto de ICIO a consecuencia de este "error", tal y como lo reconoció Josetxo Andía.

Para rematar la puntilla, la comisión también detectó que el Consistorio devolvió "de forma indebida" a Egüés 21 (Andacelay y Nasipa) un aval de 96.000 euros pese a incumplir la licencia de cota 0 en la construcción de estas viviendas.

En el transcurso de las investigaciones también se ha puesto en entredicho las actuaciones en torno a la segunda promoción de 48 VPO y 118 VPT en la Ecociudad. Un proyecto, en palabras de la oposición, "de lo más ilegal que se puede encontrar" en toda la comisión.

Y es que llama poderosamente la atención que en el concurso para la redacción del proyecto, la valoración técnica la realizara un arquitecto de Nasipa, que también está en la mesa de contratación, y que al final resulte ganador un exarquitecto municipal empleado por Laranzor, es decir, firma de la que también Nasipa "ha sido socia" y excompañeros de Carolina Potau.

Para los grupos de la oposición, también ha supuesto un escándalo que esta segunda promoción, "la más opaca de todas", se adjudicase "sin respetar la legalidad" y que además se haya convertido "en la más cara" en cuanto al coste por vivienda -108.000 euros, frente a los 100.000 de las 66 VPT y los 89.000 de las 138 VPO de Erripagaña-.

La irregularidad más grave destapada en esta promoción, que es "la mayor contrata de la historia del valle", está relacionada con la mesa para adjudicar las obras. Presidida por el gerente de Nasipa, Juan Larraza, quien estuvo acompañado por la exconcejal de UPN Carolina Potau como secretaria, resulta adjudicatario de los trabajos el socio privado. Es decir, Nasipa se adjudica a sí misma las obras de construcción de las 166 viviendas, según la documentación analizada por los grupos, que añaden: "La comisión ha determinado que ningún arquitecto municipal intervino en la valoración".

La última promoción, la de 138 VPO en Erripagaña y que actualmente se encuentra en construcción, también ha resultado ser objeto de investigación por parte de este órgano. Y las presuntas irregularidades en torno al proceso para su adjudicación a Nasipa no han cesado. Al contrario.

De los informes estudiados por la oposición, se desprende que también aquí el socio privado ha sido juez y parte en el proceso. Para esta promoción, se creó una nueva sociedad mixta, Egüés 21 II, previa celebración de un concurso para la promoción y otro para la obra. En el primero participó y resultó ganadora Nasipa, con un proyecto de los arquitectos Capilla y Vallejo. La misma empresa privada resultó además adjudicataria de la obra por una mesa de contratación "en la que el arquitecto redactor del proyecto participa y realiza la valoración de su propio proyecto determinando la adjudicación", según se ha constatado.

Por otro lado, se ha puesto en evidencia que el aval de obra de 500.000 euros "no se llegó a formalizar" y tan solo se adjuntó "un certificado del propio licitador asegurando que tenía un dinero a plazo fijo en una cuenta de su propiedad". La comisión ha denunciado además que se haya pagado a Nasipa certificaciones de obra "sin estar vigente el contrato y sin tiempo para poder haber hecho los trabajos"; que se modificase el proyecto tras un aumento de edificabilidad, obteniendo como resultado "otro diferente que no respetaba estética, materiales o calidades"; que el beneficio industrial fuese del 13% "cuando el pliego fijaba un 10% como máximo"; o que, tras ganar Nasipa el concurso de obra, se aumentara en más de 400.000 euros el importe de la licitación por incluir apartados que debían contemplarse en el proyecto, como la recogida neumática de basuras.

La comisión de investigación en Egüés ha abierto la caja de Pandora. NaBai, Bildu, I-E, PSN y PP ven acreditado, tras ocho meses de trabajo, que la "desidia, el abandono y la dejación" en sus funciones de los responsables municipales que han administrado estas sociedades "ha sido total". Una circunstancia que no ha dudado en aprovecharla el socio privado, Nasipa, "para monopolizar de facto la financiación, gestión y desarrollo de estas promociones, en claro perjuicio del interés público".

El próximo paso, si así se aprueba en la última sesión, será el de dar traslado de las conclusiones adoptadas y de la documentación analizada al Juzgado de Aoiz y a la Fiscalía. Los tribunales determinarán entonces si de estas presuntas irregularidades se deriva alguna responsabilidad o, por el contrario, establecen que se ha actuado correctamente.